EL PADRE REBAZA, UNA VIDA AL SERVICIO DE LOS DEMÁS

domingo, 12 de febrero de 2012

MARCHA DEL AGUA O CONTRAMARCHA DE PAÍS

por Manuel Vásquez Flores*

Hace unos días partió de Cajamarca un grupo de ciudadanos rumbo a Lima en la llamada “Gran Marcha Nacional del Agua”, entre muchos de ellos no podían faltar Idelso Hernández, Marco Arana y Wilfredo Saavedra, cada uno de ellos abrazando una representación fastuosa, pues todos ellos parecería que han dejado de lado a los verdaderos representantes de la sociedad civil y han asumido un papel que nadie les encargó.

Durante la revolución francesa de 1789 se generó la aparición de nuevos valores y principios tales como la Libertad, Igualdad y Legalidad siendo ciertamente algunos de los más elementales principios que toda sociedad democrática debe defender, es decir, nosotros debemos exigir su irrestricto respeto, pero al mismo tiempo bajo tales preceptos debemos garantizar su uso adecuado, prudente, tolerante y mesurado, sin creer que aquellos nos otorgan un cheque en blanco para hacer lo que nos dé la gana.

Usamos aquellos principios constitucionales y fungimos de representantes de sectores sociales desconociendo mandatos populares a través de los cuales la población eligió a sus representantes, es decir, a quienes deben hablar a nombre de ellos, indubitablemente muchas veces se cuenta con la venia y apoyo de algunas autoridades que prefieren la complicidad y el silencio, pues en lugar de defender la voluntad popular y el orden democrático prefieren sembrar un cogobierno con personajes que amparándose en tremenda fragilidad o comodidad se aprovechan de la debilidad del Estado e intentan ponernos en jaque a todos, avalando el caos, la violencia, el desorden, impidiendo el ejercicio laboral de miles de peruanos, pero ellos cobrando puntualmente sus elevados salarios.

Una buena pregunta que algunos nos hacemos sin lograr respuestas concretas está referido al financiamiento en favor de estas personas, de donde sale el dinero para que se movilicen diariamente hacia diferentes partes del país, es posible vivir sin trabajar?, como sostienen sus hogares, hay dinero público de por medio y con muy buen camuflaje?, lo concreto es que nadie quiere explicar algo tan importante y se prefiere mantener el discurso confrontacional y una agenda supuestamente a favor de los que menos tienen, yo como millones de peruanos no nos tragamos ese cuento.

Que hay agenda política en esto es absolutamente una realidad que nadie debe discutir y más bien todos debemos condenar el uso inconsecuente que se hace del derecho a la libertad de reunión y a expresar nuestra opinión pues utilizan insanamente un tema que interesa a todos sin excepción: el agua, teniendo en cuenta que ellos no tienen ningún derecho de irrogarse un liderazgo y pretender adueñarse de su defensa cuando esa agenda universalmente compete a todos los peruanos.

Pero está claro que dicha movilización social nace con un solo objetivo, recomponer bastiones comunistas y fuerzas radicales que jamás lograron un acercamiento con la sociedad peruana, nunca convencieron por medio de la razón y lógicamente pretenden imponerse usando el único medio que siempre han tenido en el bolsillo, la violencia, los desmanes, la desinformación, la amenaza, la violación de los derechos fundamentales como la libertad de tránsito, la quema de llantas, el bloqueo de carreteras, la violencia física a quienes no piensen como ellos, con la pasividad de nuestra autoridades que no sancionan severamente tales conductas de por si tipificadas como ilícitas y antijurídicas.

Quizás muchos aún no se convenzan de lo que digo y continúen algo desorientados. Pues bien, analicemos brevemente la agenda que plantean en dicha marcha para comprobar que sinceramente no expresan novedad alguna y más bien sólo es un pretexto tal movilización para ahuyentar la inversión y la confianza del inversionista en nuestro país; por ello, directo al grano:

El primer punto de la agenda que plantean es la intangibilidad de las cabeceras de cuenca, ello, mejor dicho, está asociado a que el Estado cierre toda posibilidad de inversión a la minería, pero no lo dicen con firmeza para evitar el debate técnico que desbarate su planteamiento; además, debemos señalar con absoluta objetividad que todo proyecto de inversión minera o más del 95% se realiza en cabecera de cuenca; entonces, su mensaje es: “al diablo con la minería”, que el país deje de hacer carreteras, hospitales; deje de brindar agua, desagüe, electricidad, programas sociales, etcétera, y eso de por sí es una barbaridad inaceptable, a sabiendas que, además, el Estado ha firmado contratos de concesión y su desconocimiento generará daños económicos que pagaremos todos, poniéndonos asimismo como un paria frente al contexto internacional, como unos tramposos que no cumplimos y honramos nuestras obligaciones. Saltar la seguridad jurídica sería el peor error que se cometa. No proponen alternativas que mejoren el uso del agua en las cabeceras. Sencillamente, no quieren inversión; son enemigos de aquella.

El segundo punto de agenda es prohibir en la minería el uso de cianuro y mercurio. Bueno, esa tarea está pendiente, pero el Estado viene realizando esfuerzos, aunque, claro, estos son insuficientes, pues falta una decisión política más frontal, pero es curioso que planteen aquello cuando jamás alzaron su voz y convocaron a movilizaciones para condenar la minería informal en Cajamarca (Algamarca), que sí contamina, no sólo el agua, sino nuestro precioso valle. ¿Por qué ese silencio? Nunca escuchamos al señor Saavedra, a Idelso Hernández y a Marco Arana censurar tales actividades. Quizás el interés y la rentabilidad política no sea la que esperan, mucho menos hemos visto acciones concretas del Gobierno Regional de Cajamarca. ¿Por qué no se atrevieron a emitir una Ordenanza Regional que prohíba tales actividades? ¿Buena pregunta, verdad?

El tercer punto de agenda es que el agua sea declarado derecho humano. Veamos acá. Es verdad que nuestra Constitución en su artículo 3º ha enumerado una serie de derechos, constituyendo estos, sólo una lista enunciativa y no taxativa, es decir, no se excluye la posibilidad de reconocer y garantizar otros derechos fundamentales que no recoja nuestro ordenamiento jurídico; por ello, debemos precisar que el Tribunal Constitucional mediante STC Exp. Nº 6534-2006-PATC, ha sostenido que existen una serie de razones que justifican su consideración o reconocimiento en calidad de derecho fundamental; asimismo, el máximo intérprete de la Constitución concluye que el agua constituye un elemento esencial para la salud básica y el desarrollo de toda actividad económica (STC Exp. Nº 2064-2004-AA/TC); es decir, incide en tanto recurso natural sobre el desarrollo social y económico del país a través de las políticas que el Estado emprende en una serie de sectores. Entonces, ahora vemos que dicho recurso sí es derecho fundamental, y dada su naturaleza prestacional, le corresponde al Estado garantizar y/o promover su concretización; en todo caso, podrían presentar alguna iniciativa legislativa a través de algún Congresista; para ello no es necesaria movilización alguna.

Finalmente, sostiene Marco Arana que van a exigir la defensa de la Ordenanza Regional Nº 036-2011-GR.CAJ-CR, la misma que declara la inviabilidad del Proyecto Minero Conga. Vaya que preocupa dicha postura, por cuanto es una forma muy subalterna de intentar presionar no sólo a los Magistrados del Tribunal Constitucional, sino a un sector de la política que actúa desde el Congreso de la República, a sabiendas que ha habido una flagrante invasión de competencias y fueros, que deben ser corregidos; además, ya existen precedentes como la declaratoria de inconstitucionalidad de una Ordenanza Regional de Puno, a través de la cual se dispuso suspender la erradicación forzosa de los cultivos ilegales de hoja de coca en dicha jurisdicción, y declararla patrimonio regional. En el mismo ángulo, el Gobierno Regional presidido por el Señor Gregorio Santos, lo que ha hecho es vulnerar la institucionalidad del país y de manera majadera, emitir una norma con rango de ley, a sabiendas de que no le correspondía hacerlo. Claro está que su afán y postura anti minera e inversión en Cajamarca, primaron en dicha decisión.

Debemos recordarles a quienes manejan esta agenda, que existen en el país instituciones reconocidas constitucionalmente y con facultades para pronunciarse sobre asuntos de su competencia y en este caso el único que decidirá sobre la legalidad de dicha norma es el Tribunal Constitucional, más no la quema de llantas, toma de carreteras o el sabotaje permanente como herramienta de presión; por ello esperamos que prontamente el máximo intérprete de la Constitución se pronuncie y que el Poder Ejecutivo garantice a los peruanos el principio de autoridad para una convivencia pacífica que no detenga lo logrado hasta la fecha. Insistimos que muchas políticas deben mejorarse, eso no lo dudamos, sin embargo, toda reforma o cambio deben hacerse dentro del marco del respeto, el diálogo, la tolerancia y responsabilidad, no usando como plataformas o trampolines políticos agendas que corresponden a todos los peruanos y que democráticamente hemos encargado su cumplimiento a nuestras autoridades, más no a otras personas que carecen de toda representación, pese a irrogárselas camuflados en extraños frentes de defensa que se usan, tratando de deslegitimar nuestro sistema democrático.

Lo que sí queda claro es que sectores comunistas y de izquierda radical, no aprenden que el debate hay que sostenerlo no bloqueando carreteras ni quemando llantas; dicha forma de hacer política ha sido censurada por la gran mayoría de peruanos; ya fue congelada por la historia; deben aprender que el debate serio y responsable se hace con ideas, argumentos, cifras etc., caso contrario, siempre seguirán en su afán de incendiar la pradera, cuestionando algo que les devuelva agenda y protagonismo político, que les es esquivo por muchas décadas… Que las aguas vuelvan a su curso… ojalá.

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* Abogado, con estudios de Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional de Trujillo. Ha realizado pasantías sobre gobernabilidad y procesos políticos e inversión pública y privada en México, España y la República Popular China. Con amplia experiencia en la administración pública, se ha desempeñado como Gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Gerente General del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SAT CAJ, Jefe de la Unidad de Prestaciones Económicas y Sociales de Essalud - Cajamarca, Docente Universitario, Regidor de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, expositor sobre políticas en favor de los derechos humanos, promoción de la inversión, de la juventud y de los derechos de los consumidores y usuarios, Conciliador Extrajudicial, Árbitro de Derecho y Conciencia. Actualmente es Consultor en el sector Público y Privado, Director de la Asociación Pro Derechos de los Consumidores y Usuarios – PROUSUARIO, Gerente de Corporación Vásquez Flores EIRL, entre otros.

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Revista de creación y eventos culturales. Moderan: Doan Ortiz Zamora, Alan Bustamante Medina y Jack Farfán Cedrón, escritores peruanos.